Práctica profesional

Desde 1990, su práctica profesional se ha dirigido a la asesoría legal especializada de empresas privadas, asumiendo la dirección profesional de múltiples procesos de constitucionalidad y contencioso-administrativos. Ha integrado diversos tribunales arbitrales en procesos relacionados con administraciones públicas. Recientemente, ha enfocado su actividad, en el campo del litigio contencioso administrativo, contratos de cooperación público privada y en el Derecho ambiental y urbanístico, dirigiendo proyectos de auditoría ambiental, planes de manejo de áreas protegidas y uso sostenible del territorio.

Formación académica

Doctorado Académico en Derecho, Programa de Derecho Político, Universidad de Estudios a Distancia, España (2016). Doctorado Académico en Derecho, Programa Latinoamericano de Doctorado en Derecho ULACIT (2007). Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional por la Universidad de Estudios a Distancia, Madrid, España (2009). Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica (1989).

Actividad académica

Desde el año 2005, dirige la Revista de Derecho Público de la Asociación Costarricense de Derecho Administrativo, de la cual, además, es asociado cofundador (2000). Docente universitario de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo y Resolución Alterna de Conflictos (Desde 1990). Autor y editor de múltiples publicaciones especializadas en Derecho Público, además de conferencista en múltiples seminarios. Continuamente imparte, para diversas Universidades y para el Colegio de Abogados de Costa Rica, cursos avanzados en las áreas de Derecho Procesal Administrativo, Resolución Alterna de Conflictos y Derecho Ambiental. Actualmente imparte el curso de Derecho Público en LEAD University. Es Coordinador de la Comisión de Derecho administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Otras actividades profesionales

Fue miembro de la Comisión Preparadora de Reformas a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, nombrado por la Corte Plena (1998), integrante de la Comisión Revisora del Proyecto de Código Contencioso Administrativo, remitido a la Asamblea Legislativa por el Poder Judicial (2002) y asesor de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa que evaluó el proyecto Código Procesal Contencioso Administrativo, actualmente Ley de la República (2005). Fungió como Magistrado Suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, propuesto por la Corte Plena y nombrado por la Asamblea Legislativa (2001-2003). Se encuentra acreditado como Árbitro Iuris por parte del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la American Chamber of Commerce (2001), así como por parte del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica (2001), en ambos casos, previa autorización del Ministerio de Justicia.